DEBATE EDUCATIVO
Aportacións de CEAPA ó documento “Una educación de calidad para todos y entre todos”
Aportaciones de CEAPA al documento “Una educación de calidad para todos y entre todos”
Introducción
La educación en nuestro país está sometida en los últimos años a cambios profundos que exigen una permanente actualización de las leyes educativas, a fin de dar respuesta adecuada a los cambios que comporta la evolución de la sociedad.
CEAPA valora positivamente que todos los padres y madres hayan podido participar en el debate, para así contribuir a enriquecer con sus aportaciones la nueva ley que el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) pretende elaborar.
Las propuestas que aquí se aportan tienen como objetivo proporcionar elementos que puedan servir para enriquecer las propuestas que el MEC nos ha hecho en el documento “Una educación de calidad para todos y entre todos”.
Desde una perspectiva global, CEAPA califica los planteamientos de este documento como muy positivos. Además, nos parece altamente significativa la forma abierta en la que se ha presentado el documento y la participación de toda la comunidad educativa, tanto en el debate como en la aportación de propuestas.
Coincidimos plenamente en que la auténtica calidad de la educación debe ir necesariamente ligada al concepto de equidad, ya que entendemos que la educación es un derecho social básico que fundamenta el principio de igualdad de oportunidades, y que no puede existir calidad sin equidad. Igualmente, consideramos muy significativo el planteamiento que se hace de que la mejora educativa depende del esfuerzo compartido, del alumnado, de las familias, de las Administraciones educativas y de los centros educativos, es decir, del esfuerzo de todos.
Ahora bien, garantizar equidad y calidad en el sistema educativo debe ser algo más que una declaración de buenas intenciones; necesita del Gobierno una voluntad política decidida para dar respuesta a los problemas más urgentes que padece el sistema educativo y que, en gran medida, se enmarcan en la escuela pública. Sin una apuesta total y decidida por la enseñanza pública, que permita corregir la precariedad y el abandono a la que está sometida, será muy difícil recuperar el carácter social básico que tiene la educación.
La descripción que realiza el documento de la situación educativa y, en especial, de los elementos necesarios para lograr el éxito escolar de todo el alumnado coincide, en gran medida, con la que tiene CEAPA: la necesidad de prevenir el fracaso escolar en las etapas de educación primaria y ESO; la debilidad de las tutorías, tanto en primaria como en secundaria; la escasa atención a la diversidad; el excesivo número de alumnado en las aulas; la inadecuada transición de primaria a secundaria; el reparto no equilibrado del alumnado inmigrante y con necesidades educativas entre centros públicos y concertados; la escasez de medidas para atender los problemas de la ESO; las altas tasas de absentismo; el abandono y falta de rendimiento escolar; el de potenciar nuevamente la educación en valores desde una perspectiva de una educación integral; la necesidad de recuperar las competencias de los consejos escolares eliminados con la LOCE; la necesidad el potenciar la relación familia escuela; etc. Éste es un análisis esperanzador, sin lugar a dudas, para articular medidas que permitan lograr el éxito escolar de todo el alumnado.
Ahora bien, dicho esto también es necesario afirmar que al documento le falta valentía para emprender una reforma de más calado. A lo largo del documento algunos aspectos no se han tocado, por lo menos de una manera directa y explícita, siendo importantes para conseguir que el sistema educativo llegue a alcanzar las más altas cotas de calidad, y para lograr el éxito escolar de todo el alumnado que transita por el sistema educativo. Somos conscientes de que no es posible conjugar la rapidez, con la que se quiere hacer esta reforma, con una profundidad y rigurosidad que abarque todos los aspectos que necesitan una revisión y reestructuración con profundidad.
Pero esto no puede eximir de la responsabilidad de acometer, a medio plazo, una serie de reformas que son necesarias, pero que, con el periodo de tiempo previsto, no pueden abordarse con la seriedad que requieren. Por ello, proponemos que, una vez puesta en funcionamiento esta reforma, se abra nuevamente el debate educativo para abordar aquellos aspectos que no se han podio acometer ahora: la revisión del currículo básico de la enseñanza obligaría; la hegemonía del libro de texto y posibles alternativas; la uniformidad y rigidez del tiempo escolar, que impide responder a la diversidad y variedad del alumnado, así como a los distintos ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje; entre otros aspectos.
CEAPA, habiendo valorado con profundidad el documento para el debate educativo, cree necesario aportar una serie de propuestas que completarían las que ya existen en dicho documento, y añadir otras propuestas que se incorporarían, al no ser contempladas de una forma directa.
1. LA EDUCACIÓN TEMPRANA Y LA PREVENCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
Nos parece positiva la recuperación del carácter educativo que hace el documento sobre la educación infantil, como etapa educativa fundamental y parte de un proceso compartido por profesorado y familia. A pesar de ello, consideramos que hay aspectos que no figuran en el documento y que consideramos fundamentales. Para ello, CEAPA hace las siguientes propuestas:
1.1.Reforzar la identidad de la educación infantil como una etapa educativa con finalidades y objetivos propios.
1.2. Promover la escolarización infantil, ampliando la oferta de plazas públicas, para que todas las familias que lo deseen puedan escolarizar a sus hijos en sus dos ciclos educativos, 0-3 y 3-6 años, en la red pública.
1.3. Impulsar la universalización de la oferta educativa del primer ciclo de educación infantil en la red pública, como parte integrante de la primera etapa educativa de los niños y niñas y como un servicio básico a las familias. No a la concertación, mientras no se disponga de plazas públicas suficientes.
1.4. Crear una red pública de escuelas infantiles que unifique la dispersión de centros existentes entre las distintas Administraciones.
1.5. Actualizar el currículo básico de la etapa, incorporando todos los lenguajes (matemático, plástico, etc.) y el inicio en la lengua escrita, en las situaciones y contextos adecuados, sin perder de vista el carácter globalizador del mismo.
1.6. Actualizar la formación del profesorado a las exigencias de la etapa.
1.7. Contemplar la existencia de auxiliares en educación infantil.
1.8. Reducir la ratio máxima del alumnado / profesor hasta un máximo de 15 niños, en menores de 4 años, y de 20 niños, en menores de 6, a fin de poder dispensar una atención adecuada.
1.9. Reforzar los equipos de atención temprana, con el fin de detectar y actuar ante cualquier situación diferenciada de tipo social, intelectiva o psicomotriz.
1.10. Aumentar la autonomía de los Ayuntamientos en la gestión y planificación de la educación infantil.
2. PREVENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Coincidimos con el documento en la importancia de esta etapa para la construcción de los cimientos del aprendizaje, y que debe propiciar una formación básica, no solamente de carácter académico, sino de todos aquellos aspectos que inciden en una educación integral para la ciudadanía. Sin embargo, es necesario concretar y dar más énfasis a la participación del alumnado, tanto en su proceso educativo, como en su participación en la vida del aula y del centro; así como concretar aspectos, que quedan muy difusos en el documento, como las adaptaciones curriculares, los grupos flexibles, los apoyos específicos, la ampliación del tiempo de estudio o la colaboración especial con las familias.
El planteamiento que hace el documento de la evaluación global y continua, no es nada nuevo. Leyes anteriores ya la habían contemplado. Por tanto, las medidas a adoptar deben posibilitar que el problema que ha dificultado su puesta en práctica en las aulas se pueda resolver. Plantear las repeticiones de curso como recuperación, con el objetivo de que el alumno pueda superar sus problemas específicos, es positivo, pero si no adoptan medidas concretas capaces de modificar la cultura establecida en los centros, las repeticiones seguirán siendo como hasta ahora.
Sin embargo, que, al finalizar el 2º ciclo de educación primaria, se realice una evaluación de diagnóstico de los aprendizajes de los alumnos y de su propio funcionamiento, así como que, al término de la primaria, los equipos de profesores valoren la adquisición de las capacidades básicas necesarias, es una medida preventiva y positiva.
Respecto al establecimiento de canales de cooperación eficaces entre el centro y las familias, para asumir la educación desde una actitud de auténtica corresponsabilidad, consideramos que estamos ante uno de los problemas que en la escuela quedan por resolver. Por tanto, es necesario que la ley recoja de una forma explícita aquellas medidas que posibiliten no solamente el establecimiento de canales, sino el contenido de dichos canales.
En cuanto a la ampliación del tiempo de estudio o colaboración especial con las familias, es preciso concretar cuándo, dónde y de qué manera se hará la ampliación del tiempo de estudio y en qué va a consistir esa colaboración, teniendo en cuenta la diversidad de tipos de familia. Respecto a los compromisos pedagógicos entre las familias y la escuela es necesario definir las líneas básicas del qué y del cómo se pueden llevar a cabo, teniendo en cuenta la diversidad de la tipología familiar. Además no se contempla qué tipo de compromiso pedagógico se pueden hacer con aquellas familias que, por diversas características, no tienen la disposición, expectativas o conocimientos para acudir al centro edcuativo.
Creemos que, además de las propuestas del documento, es necesario considerar las siguientes propuestas para lograr una normativa acorde con la escuela del siglo XXI:
2.1. Reforzar la identidad de la educación primaria potenciando sus características propias, a fin de dejar de considerarla como una etapa exclusivamente de preparación para la secundaria.
2.2. Asignar a los centros el profesorado suficiente para constituir los equipos que puedan desarrollar una enseñanza adecuada a la diversidad del aula.
2.3. Una formación adecuada y obligatoria del profesorado que posibilite una enseñanza para la diversidad, así como una flexibilidad en la organización de los aprendizajes en el centro y el aula, ofreciéndole modelos y referentes de otros centros que trabajen en esa dirección.
2.4. Incorporar equipos de orientación en todos los centros de educación primaria, dotándolos de los recursos necesarios para realizar funciones no sólo de diagnóstico, sino también de intervención. Equipos que deberán organizarse por zonas a fin de trabajar conjunta y coordinadamente. Así mismo, creemos necesario que se contemplen medidas para incorporar nuevos profesionales a los claustros tanto de primaria como de infantil, en las mismas condiciones que los actuales enseñantes: educadores sociales, diplomados en tiempo de ocio y tiempo libre.
2.5. Al inicio de la educación primaria se debera realizar un diagnóstico a todo el alumnado, a fin de preveer cualquier problema de aprendizaje que se pueda detectar.
2.6. Sustituir o acompañar a las calificaciones numéricas, un informe que dé cuenta de la situación en la que se encuentra el alumno.
2.7. Arbitrar medidas para que la evaluación continua recobre su verdadero sentido.
2.8. Posibilitar que los horarios permitan planificar el tiempo de una forma flexible, que permita diversificar los tiempos en función de las necesidades de aprendizaje tanto de grupos, como de individuos.
2.9. Concretar y explicitar el sentido y significado de los compromisos pedagógicos, así como qué alternativa existe para aquellas familias que no los puedan desarrollar.
2.10. Se debe clarificar la expresión del documento sobre la “ampliación del tiempo de estudio para las familias”.
2.11. Asegurar una coordinación muy clara y obligatoria entre la educación infantil y primaria.
2.12. Creación de comisiones de escolarización, por zonas, donde se centralicen las solicitudes y se proceda a la escolarización del alumnado con criterios de equidad y solidaridad, entre todos los centros públicos y concertados, garantizándole los recursos para su debida escolarización.
2.13. Es necesario concretar qué tipo de personal es el adecuado para que el alumnado que lo necesite pueda ser atendido para hacer sus deberes. En cualquier caso estas personas deben estar contempladas entre los apoyos que programe el centro, a fin de que exista una estrecha coordinación con éste.
2.14. Evaluación urgente de los planes de integración escolar, para abordar proyectos de escuela inclusiva, educación compresiva, adaptaciones curriculares y apoyos al alumnado con diferentes dificultades, ya sean de aprendizaje o de discapacidad intelectual o con altas capacidades.
ALGUNOS PROBLEMAS Y MEDIDAS QUE NO APARECEN EN EL DOCUMENTO SOBRE LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Si realmente se quiere solucionar el déficit que viene arrastrando la educación primaria, es necesario considerar algunos aspectos que en el documento han quedado cortos y/o no aparecen de una manera explícita, y que pueden desvirtuar el replanteamiento en profundidad que necesita esta etapa. Por tanto, creemos imprescindible abordar con rigor y profundidad los siguientes siete aspectos:
1.- La educación primaria no es una etapa de transición y preparación para la secundaria. Debe quedar que la primaria y la secundaria, a pesar de ser etapas autónomas, forman un todo, un continuum dentro de la enseñanza obligatoria. En ningún caso, la primaria prepara exclusivamente para la etapa siguiente.
2.- El excesivo número de profesores por grupo de alumnos. Consideramos excesivo el número de profesores que pasan por un grupo de alumnos en los primeros niveles de primaria. Es necesario que el tutor asuma la enseñanza de todas las materias, con la salvedad del idioma extranjero y la música.
3.- La creación de tutorías con contenido. El papel del tutor en primaria está vació de contenido, ya que el tiempo que dedica a sus alumnos es insuficiente para un desempeño eficaz. Es necesario potenciar la tutoría como un espacio necesario para ayudar al alumnado en la construcción de su propia identidad, para la reflexión de su proceso de aprendizaje y solución a sus problemas, entre otras atribuciones. Proponemos además de las tutorías colectivas, la tutoría individual que permita una reflexión directa y personal con el alumnado.
4.- Ratios excesivas. Se está generalizando, como algo normal, que las ratios sobrepasen el número de alumnado contemplado en la legislación. Por tanto, no sólo es necesario que el número máximo de alumnos por aula figure en la normativa, sino que se arbitren medidas para que esto se cumpla.
5.- Conocimientos básicos que debe adquirir el alumnado de primaria. Es un hecho comprobable que el currículum de primaria está sobrecargado, y especialmente de contenidos conceptuales. Ante esta realidad, consideramos necesario que la Administración educativa adquiera el compromiso de abrir un debate en la comunidad educativa sobre qué conocimientos básicos debe incluir esta etapa y, posteriormente, acometer su reestructuración.
6.- La hegemonía del libro de texto. El documento tampoco trata otro de los posibles obstáculos para un aprendizaje para el siglo XXI, como la actual hegemonía del libro de texto. Es una realidad que el libro de texto, en vez de ser un auxiliar para la enseñanza, se ha convertido desde los primeros niveles educativos en el “todo”, lo que lo convierte en una herramienta obsoleta en el contexto de la sociedad de la información.
7.- Uniformidad y rigidez del tiempo escolar. Ésta es otra carencia importante del documento y que es preciso abordar, ya que constituye uno de los obstáculos que dificultan la solución de otros muchos problemas que padece la enseñanza. Difícilmente se puede avanzar, en flexibilidad de grupos, en diversificación de las prácticas pedagógicas, en la participación del alumnado en la construcción del conocimiento, etc., mientras se siga manteniendo la rigidez de los horarios, de las sesiones iguales para todos y para todo, jornadas cada vez más comprimidas, sin los descansos correspondientes.
Para abordar estos problemas, proponemos una serie de medidas para mejorar sustancialmente la educación primaria:
A.- Sobre la primaria como etapa de transición y preparación para la secundaria.
1º Debe quedar claro en la legislación el continuum entre la etapa de primaria y secundaria.
B.- Sobre el excesivo número de profesores por grupo.
1º Creemos necesario reducir el número de profesores por aula, especialmente en el primer y segundo ciclo. En estos niveles educativos, con la salvedad del idioma extranjero y la música, el resto de las materias las debiera asumir el propio tutor. Así como reducir las ratios existentes, cuando las necesidades de atención al alumnado así lo requieran.
C.- Sobre la tutoría en primaria.
1.– Potenciación de la tutoría tanto colectiva como individual, a fin de ayudar al niño o niña en aspectos básicos y fundamentales para desarrollo de su personalidad como de su proceso de aprendizaje.
2.-Introducción en la nueva normativa de la tutoría individual de una forma específica.
3.-Reforzar el sistema de tutorías para realizar un seguimiento del proceso educativo de cada alumno y poder identificar las dificultades que puedan ir apareciendo a lo largo de todo el proceso, y establecer las medidas oportunas que en cada momento se consideren necesarias para superar dichas dificultades.
4.-Poner los medios necesarios para potenciar y desarrollar el trabajo en equipo del profesorado.
5.-Incidir de una forma específica en la formación del profesorado de primaria en tutoría, trabajo en equipo y globalización.
6.-Las tutorías en primaria y, sobre todo, en secundaria, no se podrán realizar nunca a primera o a última del horario lectivo.
D. Sobre ratios excesivas.
Consideramos necesario:
1.- Que la ratio alumno-aula no sobrepase el máximo contemplado en la normativa y, en ningún caso, hacer ajustes de ratios con grupos mixtos intercursos.
2.– Reducir las ratios existentes, cuando las necesidades de atención al alumnado así lo requieran.
3.- Aclaración mediante norma legal para que, una vez sobrepasado el número total de alumnos establecido legalmente, el aula quede desdoblada automáticamente, y que ninguna autoridad competente en la materia pueda aumentar la ratio permitida.
E.- Sobre el currículo básico.
Creemos imprescindible revisar el currículum básico, por lo que proponemos:
1 – Realizar un debate en profundidad de lo que hoy debe de abarcar un currículum básico para la educación obligatoria.
2 – Recuperar una enseñanza primaria para una educación integral.
F.- Sobre los libros de texto.
Consideramos que, para una educación para el siglo XXI, donde la búsqueda de información desde distintas fuentes es fundamental, es necesario plantearse una serie de medidas que paulatinamente acaben con la hegemonía del libro de texto. Entre las cuales proponemos:
1.- Gratuidad total libros de texto y materiales curriculares para todas las etapas obligatorias a nivel estatal.
2.- Arbitrar medidas encaminadas a facilitar y dar cabida a otros materiales alternativos al libro de texto.
3.- Creación de bibliotecas en todos los centros de primaria, estableciendo convenios con ayuntamientos u otras instituciones, con el fin de garantizar su apertura por las tardes con programas dinámicos de promoción de la lectura, dirigidos a todos los escolares.
4.- Potenciar la utilización de nuevos materiales curriculares a través de las nuevas tecnologías.
G.- Sobre la uniformidad y rigidez del tiempo escolar.
Consideramos que el tiempo escolar no se ha contemplado de una manera profunda en el documento, siendo éste un elemento esencial en los aprendizajes. Para ello hacemos las siguientes propuestas:
1.- Abrir un debate en el seno de la comunidad educativa sobre los tiempos escolares para el siglo XXI (en todas las etapas obligatorias) y que responda a la diversidad de alumnado, así como a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. Evitar modelos rígidos, a través de los cuales no se puedan flexibilizar los ritmos de enseñanza y aprendizaje, y promover modelos que desarrollen el papel de la tutoría y la participación de las familias, que adecuen los refuerzos a los alumnos con dificultades, etc. Para ello, apuntamos algunas medidas:
2.- Necesidad de aumentar la carga lectiva, bien aumento horario lectivo o lo que sería más racional ampliando el calendario lectivo.
3.- Apertura de todos los centros públicos, todos los días laborales del año, para que los alumnos y adultos puedan ser atendidos, para realizar los deberes escolares con el personal de apoyo adecuado, así como para otros menesteres.
4.- Redacción de un Real Decreto sobre la obligatoriedad de la apertura de comedores y su reglamentación, y que las APAS tengan un protagonismo tanto en las comisiones de comedores como en la posible gestión de los mismos, en caso de negativa de asunción de la misma por la dirección del centro.
5.- Incentivar a los centros educativos que apuesten por una jornada a tiempo completo.
3.- LA INCORPORACIÓN GRADUAL DESDE LA EDUCACIÓN PRIMARIA A LA SECUNDARIA
Creemos que ha sido un acierto haber considerado, por primera vez, la transición de la etapa de primaria a la secundaria. Era una necesidad que se contemplaran las dificultades que entrañaba para el alumnado este paso del colegio de educación primaria al IES, por la serie de cambios que conlleva. Consideramos positivo que el alumnado llegue al IES con su respectivo informe y, de una manera especial, si necesita determinados apoyos.
También consideramos positivo que se revise el currículo con profundidad y que se reduzca el número de asignaturas. Nos alegra comprobar que también se reconoce, como un elemento muy negativo, la fragmentación de los conocimientos en asignaturas. Coincidimos en la necesidad de que se revise la tutoría no sólo desde su práctica, sino desde su misma concepción, en la rigidez de los horarios y de los grupos, en la dificultad del trabajo en equipo del profesorado, en la deficiente formación del profesorado, en la forma que se plantea la repetición. Además, habrá que clarificar en qué consiste el contrato pedagógico.
El número de problemas detectados por la Administración en este primer ciclo de la ESO, ya es un primer paso para buscar las medidas adecuadas para su solución. Ahora bien, las propuestas que se hacen, aunque pueden resolver algunos problemas, no son suficientes ya que, en su puesta en práctica, es donde radica muchas veces el problema.
El documento alude a un plan de trabajo para los alumnos que pueden no promocionar de curso. Hay que clarificar dónde, cómo y con quién desarrollará el alumno ese plan de trabajo, para que no se produzcan desigualdades, porque para los alumnos que proceden de medios desfavorecidos, el desarrollo de este plan de trabajo dependerá de las posibilidades económicas y formativas de sus familias.
Además, siendo positiva la disminución del número de asignaturas, consideramos que es una medida parcial, y que no acabará resolviendo el problema. La solución debe pasar por una reestructuración de los contenidos que se consideran básicos para este primer ciclo de la ESO.
Consideramos necesario hacer las siguientes propuestas:
3.1. Acometer a medio plazo una reestructuración de los contenidos que se consideran básicos para este primer ciclo de la ESO.
3.2. Posibilitar la flexibilización de los tiempos escolares, de la jornada, de la apertura de los IES, en horarios no lectivos para deberes y estudio.
3.3. Clarificar en qué consiste el contrato pedagógico, teniendo en cuenta el tipo de familia y qué alternativa existe para aquellas familias que no lo puedan llevar a cabo.
4.- DIVERSIDAD DE ALUMNOS, DIVERSIDAD DE SOLUCIONES EN LA ESO
Consideramos bastante acertado el diagnóstico que hace el documento sobre la situación y funcionamiento de la ESO, así como la descripción de la serie de problemas que han conducido a la situación actual.
Igualmente consideramos que las medidas que se proponen son necesarias para superar la situación actual de la ESO, reducir el fracaso escolar y lograr a medio plazo que todos los alumnos puedan lograr el éxito escolar. Así pues, la introducción de programas flexibles y diversificados, las adaptaciones curriculares, los desdobles de grupos, la configuración de un modelo flexible que permita organizar las materias tanto comunes como optativas para adecuarlas a las necesidades reales del alumnado, y la diversificación curricular en el segundo ciclo de la ESO (siempre que responda a programas básicos, interdisciplinares y de reducido número de profesores por grupo) son propuestas que pueden devolver a la ESO su calidad sin menoscabar su equidad.
Así mismo, consideramos que la experimentación de nuevas vías de atención a la diversidad puede ser positiva, si realmente se demuestra que constituyen medidas de refuerzo de los aprendizajes. El tratamiento personalizado que se propone para los alumnos con problemas graves de conducta nos parece positiva, en la medida que pueda evitar la exclusión social de dichos alumnos, así como programas de iniciación profesional que proporcionen la cualificación profesional de primer nivel a aquellos alumnos que a partir de los 16 años no hayan alcanzado los objetivos de la enseñanza obligatoria. Por supuesto, nos parece de justicia promover actuaciones y establecer programas experimentales en las zonas y centros educativos de atención preferente.
Las propuestas sobre la incorporación de los inmigrantes a los centros educativos, como la creación de un observatorio para el seguimiento de la educación intercultural, pueden ser el inicio de un avance, aunque consideramos que estas medidas hay que ampliarlas y concretarlas mucho más.
Problemas de la ESO no abordados en el documento
Estos problemas son muy parecidos a los que se han enumerado en la etapa de primaria: la necesidad de revisar con profundidad el actual currículo, muy sobrecargado y académico, y cuya finalidad parece más preparar para el bachillerato que para una formación integral y básica; la existencia del libro de texto como única fuente de estudio; y el tiempo de las sesiones-clase, que son rígidas e inmovibles.
Es necesario abordar la revisión del currículum de la enseñanza obligatoria, a fin de eliminar el exceso de contenidos que hoy padece, así como potenciar la elaboración de currículos integrados y flexibles, evitando la fragmentación en multitud asignaturas. No se puede olvidar que la desproporción y fragmentación del actual currículum es una de las causas más importantes del fracaso escolar. Igualmente, es preciso una revisión de los tiempos escolares y convenir cuál es el tiempo necesario para desarrollar los aprendizajes sin tener que sufrir un número excesivo de sesiones y jornadas, demasiado sobrecargadas, de seis o más horas. Además el MEC debe realizar estudios y recoger experiencias en lo concerniente a adaptaciones curriculares, diversificación, desdobles, repeticiones, etc., a fin de conseguir, a corto plazo, las medidas que se proponen u otras que puedan derivarse. En la misma dirección, creemos que habría que recoger la más amplia experiencia posible, en los países de nuestro entorno, de la incidencia de las repeticiones en la consolidación de los aprendizajes, para poder a llegar valorar tanto lo positivo como lo negativo de dicha medida.
Para intentar solucionar dichos problemas proponemos las siguientes medidas:
4.1. Aumentar considerablemente el tiempo dedicado a la tutoría y limitar el tope de alumnos a tutorizar. Además es necesario potenciar la tutoría individual y de grupo, con más apoyo de la orientación educativa.
4.2. Facilitar a las familias la comunicación con el centro, equipo directivo y profesorado, y, especialmente las tutorías, teniendo en cuenta los horarios laborables de los padres y madres.
4.3. Revisión con profundidad de los contenidos que debería tener una enseñanza obligatoria para el siglo XXI.
4.4. Potenciación de la interdisciplinariedad y enfoques globalizadores, a fin de evitar la fragmentación de los saberes que se le presentan al alumno.
4.5. Facilitar la apertura del centro al alumnado que no puede estudiar en casa por carecer de los medios y ayudas necesarias, con un personal de referencia.
4.6. Posibilitar, dentro de la autonomía de los centros, la flexibilidad del tiempo escolar: variedad de horarios, sesiones heterogéneas, móviles y flexibles, que permitan adaptar los programas a la diversidad del alumnado.
4.7. Facilitar la autonomía de los centros para fomentar programas específicos de atención a la diversidad, y para la adopción de sistemas flexibles de organización escolar.
4.8. Establecer los canales de cooperación necesarios entre el centro y las familias, para asumir la educación desde una actitud de auténtica corresponsabilidad.
4.9. Los desdobles se deben contemplar, no sólo en matemáticas y lengua extranjera, sino también en lengua española.
4.10. Incorporación de un profesional en psicopedagogía por cada 250 alumnos en los IES.
4.11. Optamos por una evaluación continua que permita tomar las medidas de apoyo y refuerzo en el momento que necesite el alumno, sin tener que recurrir a pruebas extraordinarias sean en junio o septiembre.
4.12. Contemplar la incorporación a los centros de educadores sociales que atiendan la situación escolar, familiar y social del alumnado. Establecer y coordinar en los centros programas específicos de atención al alumnado con necesidad de medidas integradoras, así como a sus familias.
4.13. Establecer las medias necesarias para preparar la transición del alumnado al bachillerato o formación profesional.
5.- ALUMNADO INMIGRANTE
Igualmente creemos necesario hacer una serie de propuestas que consideramos que la Administración educativa debe convertir en medidas que ayuden a normalizar la incorporación del alumnado inmigrante al sistema educativo:
5.1. La constitución de equipos de acogida que reciban y estudien la situación escolar, personal, familiar y social del alumnado que vaya a incorporarse a los centros educativos, a fin de realizar un diagnóstico inicial, a partir del cual se establezcan las medidas de atención, modelo de escolarización, recursos necesarios, etc.
5.2. Extender la labor de los equipos de acogida al apoyo a las familias de los alumnos inmigrantes, tendentes a su integración social y a la divulgación de la educación.
5.3. Potenciar programas de castellano y demás lenguas oficiales (en
aquellas comunidades con lengua propia), así como programas de alfabetización, en paralelo a la educación de sus hijos, mediante convenios entre el MEC y asociaciones de emigrantes, consulados y embajadas.
aquellas comunidades con lengua propia), así como programas de alfabetización, en paralelo a la educación de sus hijos, mediante convenios entre el MEC y asociaciones de emigrantes, consulados y embajadas.
5.4. Las Administraciones educativas difundirán experiencias de interculturalidad realizadas con éxito en otros países y comunidades autónomas, programas y diseños curriculares específicos que sirvan de guía y orientación, proyectos de acción tutorial específica, etc.
5.6. La necesidad de contemplar la incorporación de educadores sociales, como agentes de mediación entre el tutor escolar y las familias de los alumnos. Llegar a acuerdos con otros países para la implantación del profesorado nativo de apoyo, mediante convenios de colaboración.
5.7. Que los programas de integración del alumnado inmigrante estén presentes en todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin que en ningún supuesto la Administración educativa consienta que determinados centros eludan la obligación de atender convenientemente al alumnado que así lo requiera.
5.8. Establecer mecanismos con los ayuntamientos o consejerías de Educación para que los alumnos que se incorporan fuera del plazo para becas de libros o comedor, y las necesiten, puedan acceder a ellas.
5.9. Organizar actividades específicas de formación del profesorado que tenga en cuenta la educación intercultural, así como aquellos aspectos organizativos, curriculares y metodológicos que se derivan de las dificultades educativas a la incorporación del alumnado inmigrante.
6.- EL ALFABETO DEL SIGLO XXI: INICIACIÓN TEMPRANA A LAS LENGUAS EXTRANJERAS Y A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Estamos de acuerdo con la propuesta de la generalización de un idioma en el primer ciclo de primaria y de un segundo idioma a partir de primero de la ESO, como con el resto de propuestas dirigidas a potenciar el aprendizaje de los idiomas: centros bilingües, formación del profesorado, el intercambio de profesores, la estancia de profesores en otros países y la incorporación de las tecnologías a la práctica educativa, lo que hoy está lejos de ser una realidad.
Sin embargo consideramos que el alumnado, cuando acabe la etapa obligatoria debe dominar la conversación en, al menos, una lengua extrajera, para lo que es preciso reforzar el área con especialistas en conversación y la extensión de los centros bilingües.
7.- LA RESPUESTA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A LAS NECESIDADES DE CUALIFICACIÓN
Consideramos positiva la propuesta de la integración de los tres subsistemas de formación profesional, así como el desarrollo reglamentario de la Ley de Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Coincidimos en la necesidad de atender la formación permanente del profesorado de formación profesional, para su adaptación a los cambios que se producen continuamente. También valoramos de manera positiva que, el alumnado haya cumplido la edad de 16 años y no deseen continuar en la ESO, pueda acceder a programas de iniciación profesional. También nos parece acertado que, en algunos centros, se ofrezca un curso orientado a preparar el acceso a los ciclos formativos de grado superior del alumnado que esté en posesión del título de Técnico.
Sin embargo, creemos necesario puntualizar y añadir algunas otras propuestas que permitan articular una ley que saque a la formación profesional de la situación en la que aún se encuentra:
7.1. Establecer las medidas necesarias que permitan un análisis con profundidad, para saber realmente las causas que puede tener un alumno que ha cumplido los 16 años y no quiere seguir en la ESO, ya que hay que hacer lo posible para que todos el alumnado termine la ESO, al ser una etapa obligatoria.
7.2. Establecer en la legislación medidas que impidan la elaboración de reglamentos de régimen interior más punitivos que educativos y que expulsan al alumno del centro educativo con suma facilidad, creando verdaderas situaciones de riego para estos adolescentes y jóvenes.
7.3. Garantizar más apoyos para la orientación, mediadores, educadores sociales y de los servicios sociales municipales.
7.4. Abordar con urgencia la coordinación de la inserción laboral entre los ministerios de Trabajo, Educación y las consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas.
7.5. Desarrollar un fuerte impulso de creación de plazas públicas de formación profesional, tanto de ciclos medios, como superiores. Hoy están faltando plazas públicas en muchos lugares, lo que obliga a muchas familias a dirigirse al ámbito privado.
7.6. Reforzar la formación profesional en el ámbito rural.
7.7. Profundizar en fórmulas que den oportunidades más flexibles para poder acceder desde los ciclos formativos de grado medio a los de grado superior.
7.8. Adopción de mediadas disciplinarias o sancionadoras a las empresas privadas que no se acojan a las normas de los alumnos en prácticas.
8.-UN BACHILLERATO ESPECIALIZADO Y FORMATIVO: MODALIDADES Y OPCIONES.
Consideramos que los planteamientos que hace el documento sobre las finalidades, modalidades e incorporación de una nueva materia que aporte elementos para la formación científica del alumnado, pueden ser positivos, dependiendo de su contenido y desarrollo. Igualmente estamos totalmente de acuerdo con la eliminación de la revalida introducida por la LOCE, y en el establecimiento de una única prueba para acceder a la universidad.
Sin embargo, creemos necesario que el MEC contemple otras medidas que permitan hacer una normativa lo más completa posible, y que pueda resolver los problemas que este segmento del sistema educativo todavía tiene en nuestro país:
8.1. Promover e incentivar la máxima escolarización en la educación postobligatoria del alumnado, con el fin de evitar la incorporación temprana al mercado laboral precario.
8.2. Establecer en bachillerato estrategias coordinadas con la universidad, que preparen al alumnado a los niveles de exigencia en ésta, así como a sus métodos educativos.
8.3. Garantizar el acceso a la educación universitaria o a ciclos formativos de grado superior en igualdad de oportunidades
8.4. Establecer una prueba de acceso a la universidad, que consistiría en una prueba de nivel no excluyente por áreas temáticas, para conseguir que en las condiciones de acceso a los estudios universitarios se tenga en cuenta las habilidades dominantes de cada alumno.
8.5. Establecer programas de información sobre los estudios universitarios y ciclos formativos existentes en colaboración con los equipos de orientación, las Universidades y los centros de formación profesional.
9- QUÉ VALORES Y CÓMO EDUCAR EN ELLOS
Consideramos que las propuestas que se hacen en el documento sobre la doble dimensión que debe desarrollar la educación en valores son positivas y van en la dirección de potenciar una educación integral.
Con la experiencia acumulada, no podemos esperar que solamente cambiando la legislación se recupere la educación en valores. Es necesario elaborar medidas que permitan el trabajo cotidiano de los valores en el aula. Es importante no perder de vista que, hasta ahora, a pesar de la existencia de áreas transversales, materiales y orientaciones adecuadas, no siempre se han trabajabado en el aula.
Además, consideramos imprescindible que la enseñanza de los valores sea considerada de una forma importante en la formación inicial del profesorado, la mayoría de las veces ausente de las escuelas de magisterio (como demostró el informe de Amnistía Internacional “Educación en derechos humanos: asignatura suspensa”), así como en la formación permanente del profesorado.
CEAPA está de acuerdo con el nuevo área de educación para la ciudadanía, siempre que se tenga presente que el aprendizaje de los valores democráticos, la participación y la solidaridad necesitan de la práctica diaria, en todos los lugares y momentos.
Para completar las propuestas que el MEC hace en el documento, respecto a la educación en valores, creemos necesario contemplar las siguientes:
9.1. Recuperar la participación de los padres y madres en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, a través del consejo escolar.
9.2. Facilitar al profesorado la formación adecuada en valores y materiales (guías, ejemplificaciones, experiencias), que posibilite el trabajo en el aula de los valores.
9.3. Introducir en la formación inicial del profesorado elementos para la educación en valores.
10. LA ENSEÑANZA DE LAS RELIGIONES
Las propuestas que realiza el documento sobre la enseñanza de las religiones en la escuela quedan muy lejos de lo que CEAPA viene demandando. De todos es conocido el planteamiento de CEAPA, que viene reclamando, desde hace mucho tiempo, que las religiones deben de salir de la escuela y no formar parte del currículum escolar.
Es evidente que el derecho de unos ciudadanos no puede generar obligaciones para otros, ya que se conculcan derechos básicos, como nos plantean diversas sentencias jurídicas españolas e internacionales. Ésta es la clave de que la oferta obligatoria de la enseñanza de las religiones para los centros deba plantearse, como mucho, fuera del horario lectivo obligatorio, para no conculcar los derechos de quienes no optan por su enseñanza.
Nos parece adecuado que la enseñanza no confesional de las religiones se incluya en los currículos de las áreas que se determinen, especialmente en los de geografía e historia, filosofía y educación para la ciudadanía, siempre que el hecho religioso se contextualice en los acontecimientos políticos, artísticos, literarios, etc., de cada momento y época.
CEAPA considera que es el momento de tomar una serie de medidas que hagan avanzar en este aspecto a nuestro sistema educativo, entre las cuales consideramos que se deben contemplar las siguientes:
10.1. El hecho religioso y no religioso es materia que ha de estudiarse por todo el alumnado, en el ámbito de las humanidades (arte, historia, geografía, literatura…), desde todas sus versiones.
10.2 La enseñanza de las religiones debe salir de la escuela, y en todo caso del currículum, e impartirse fuera del horario lectivo.
10.3. El derecho legítimo de unas familias no puede generar una obligación a otras.
10.4. La educación en valores como la convivencia, la ciudadanía, la democracia, las libertades, etc., así como la libertad de juicio y la autonomía moral y ética, es un derecho de todo el alumnado por igual, sin distinción.
10.5. La formación en la fe religiosa y en el adoctrinamiento se ha de desarrollar en el ámbito de lo privado y de las respectivas iglesias.
11.- CALIDAD Y VALORACIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE
El documento adolece de algunos aspectos que consideramos fundamentales respecto a la formación del profesorado. En primer lugar, consideramos que la formación tanto inicial, como permanente se toca superficialmente. Además, no diferencia entre la formación inicial del profesorado de secundaria y la de otras etapas educativas. Creemos que es hora ya de sacarla de la precariedad en la que se encuentra. La revisión que se pretende hacer del funcionamiento del sistema educativo exige hacer una apuesta decidida por la formación del profesorado. Sin ella, cualquier reforma está condenada al fracaso.
Es un hecho que el profesorado de secundaria no recibe una formación específica para desarrollar su labor docente, lo que se traduce en una serie de carencias que les dificulta una práctica docente adecuada. Igualmente, consideramos que la formación inicial del profesorado de primaria se encuentra en una situación descontextualizada y, en algunos aspectos, bastante obsoleta.
Para paliar esta situación y completar las propuestas del documento, CEAPA considera necesario tener en cuenta las siguientes propuestas:
11.1. Realizar un diagnóstico del estado de la formación inicial del profesorado, tanto de primaria como de secundaria.
11.2. Apostar de una manera decidida por la formación inicial del profesor de primaria, estableciendo el acceso a la función pública a través de una licenciatura, con un tronco común y especialidades correspondientes a las distintas etapas educativas, así como áreas específicas.
11.3. Reestructurar el contenido de la formación inicial del profesorado de primaria, así como de las mismas escuelas de magisterio y actualizar a su profesorado.
11.4. La formación del profesorado de secundaria debe pasar a ser una formación para el desempeño de la docencia y dejar de ser, casi exclusivamente, una formación de especialistas en una materia. Para ello, proponemos el establecimiento de una formación postgrado mínima de dos años, para especializarse en psicología, didáctica y comunicación.
11.5. En cuanto a la formación permanente, es un hecho que la proliferación de cursos, seminarios, jornadas y formación en centros no ha dado respuestas a esta necesidad. Se impone, por tanto, una revisión profunda, para saber la poca incidencia que ha tenido, en los últimos años, la formación desarrollada por los centros de profesores.
11.6. La formación permanente del profesorado debe realizarse durante el mes de julio.
11.7. Hay que modificar el acceso a la función docente, de tal forma que se evalúe la práctica, las aptitudes y actitudes ante la docencia, durante un período no menor a dos años
11.8. Creación de comisiones provinciales de disciplina o sancionadoras contra el comportamiento inadecuado de profesores, establecido mediante Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la Administración del Estado.
12.- LA ELECCIÓN COMO DERECHO Y LA PLURALIDAD COMO VALOR
Que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan la obligación de participar en la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales, inmigrante o de minorías étnicas o culturales, como que tengan que cumplir con el compromiso de no excluir a nadie, son las propuestas que esperábamos para caminar hacia la equidad en la educación.
No se puede olvidar que la Constitución no reconoce el derecho a la elección de centro con un sentido distinto al del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966): “El derecho de los padres para escoger para sus hijos escuelas diferentes a las creadas por autoridades públicas.” (Art. 13). Por tanto, es verdad que se reconoce el derecho fundamental a ir a una escuela privada, distinta a la del Estado, pero lo que de ninguna forma significa es que ese derecho tenga que ser subvencionado por el Estado, al no entrar dentro del contenido “prestacional” del derecho a la educación. Así pues, ni en este pacto internacional, ni en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni en la Constitución figura el derecho a elegir centro entre los centros subvencionados con fondos públicos, sino a elegir una escuela privada frente a la red subvencionada con fondos públicos.
Así pues, el “derecho a elegir centro”, tal y como figura en la Constitución, solamente puede ser ejercido donde existan centros privados, lo que excluye a las zonas rurales y a determinados barrios de las ciudades. En consecuencia, existe una contradicción entre la supuesta obligación de la Administración de subvencionar centros privados y la de garantizar la financiación de la red pública.
Por tanto, la interpretación del precepto que obliga a garantizar el “derecho de elección de centro” en la programación (art. 27.7) implica una preferencia y un interés legítimo, pero en ningún caso un derecho subjetivo; lo que quiere decir que dicha preferencia sólo será posible llevarla a cabo cuando se pueda garantizar una educación en igualdad de condiciones para todos.
Estando de acuerdo en las propuestas del documento, consideramos necesario hacer algunas aportaciones que puedan mejora la futura ley. Las propuestas de CEAPA se concretan en:
12.1. Exigir a todos los centros, independientemente de su titularidad, la máxima calidad posible, y que los medios y servicios que se demanden sean adecuados a derecho.
12.2. Incrementar la construcción de centros de titularidad pública hasta conseguir adecuarla a la verdadera demanda, y no se obligue, como ocurre ahora, a que muchas familias tengan que ir a centros de titularidad privada por falta de plazas en la red pública.
12.3. Tomar medidas para evitar que siga creciendo la dualidad entre concertada y pública, tan perjudicial para el sistema educativo.
12.4. Ejercer el control del funcionamiento de los centros concertados, impidiendo las irregularidades que se vienen cometiendo por cobros indebidos y abusivos, y por la utilización de estrategias que permiten la selección del alumnado, etc.
12.5. Poner en funcionamiento un sistema de escolarización que no permita a ningún centro sostenido con fondos públicos seleccionar, ni discriminar al alumnado por motivos étnicos, culturales, religiosos, económicos o territoriales, que garantice la heterogeneidad dentro de los centros, y que no permita la implantación de requisitos especiales por los centros, que actúan como factores de selección del alumnado.
12.6. Arbitrar las medidas necesarias para que los programas de compensación educativa cuenten con los recursos humanos y la formación necesaria para recuperar su eficacia.
13. PARTICIPACIÓN Y DIRECCIÓN: CORRESPONSA-BILIDAD. EDUCAR ENTRE TODOS EXIGE PARTIPACIÓN
Cuando abordamos este capítulo del documento, tenemos la impresión de que sus redactores no han apostado a fondo por la participación. Parece como si se diera por hecho que la LODE, después la LOPEG y, finalmente, la LOCE, ya han dibujado un escenario suficientemente aceptable como para introducir grandes novedades.
Lo más remarcable es el acento que se pone en que “se debe educar en la participación para una sociedad democrática” y en que “se debe implicar a las familias en la tarea educativa”, apuntando una triple dirección de la participación: los consejos escolares, las asociaciones y el aprendizaje concreto de sus hijos.
Sin embargo, es un hecho que la participación de la comunidad educativa y, en concreto, la de los padres y madres se encuentra en uno de los peores momentos de la historia reciente de la educación en nuestro país. En el documento para el debate se habla con una cierta ligereza de la importancia de la participación de todos los sectores que conforman la comunidad educativa. Además, el hecho de que la participación se ubique en el mismo capítulo de la dirección le resta importancia. Consideramos que la participación debe tener la identidad y el valor suficiente para haber ocupado un apartado completo. Es verdad que el documento no olvida la presencia de madres y padres, organizados a través de sus APAs en la vida y el gobierno de los centros, y muestra su preocupación por los bajos índices de participación que se dan, pero ello no es suficiente. Consideramos que, siendo las APAs las organizaciones que deben vertebrar el movimiento de padres y madres en la comunidad educativa, se deben contemplar medidas para darles el protagonismo que deben tener y posibilitar que potencien los escasos niveles de participación.
Consideramos que, además de las propuestas que hace el documento, sería conveniente tener en cuenta algunas medidas que permitan avanzar en la participación de todos los sectores de la comunidad educativa:
13.1. Potenciar las nuevas funciones de las APAs, a fin de desarrollar su dimensión participativa en todos los ámbitos del centro docente, para que su trabajo no quede, como ahora, reducido a lo meramente extraescolar y de intendencia.
13.2. Articular medidas para que las APAs puedan asumir los nuevos retos sociales que las configuran como enlace entre el centro y el entorno más próximo, por una parte, y como coordinadoras de las actuaciones de las familias y en las familias, por otra parte.
13.3. Reivindicar la labor institucional de las APAs frente a los poderes públicos, para adquirir el reconocimiento social necesario, y aportar los medios necesarios para articular una formación adecuada a las necesidades del colectivo de padres y madres.
13.4. Arbitrar medidas que permitan el desarrollo de una cultura participativa y colaborativa entre el centro y las familias.
13. 5. Los programas de apoyo a la familia han de hacerse con la participación real y activa del movimiento de padres y madres de alumnos.
13.6. Establecer estrategias para la participación del conjunto de la comunidad educativa en las tareas de gobierno y control social de la dirección en plano de igualdad, así como, establecer canales de cooperación eficaces entre el centro y las familias, para asumir la educación desde una actitud de auténtica corresponsabilidad.
13.7. Recuperar las competencias perdidas y la capacidad de decisión de los Consejos Escolares, como el nombramiento de los directores.
13.8. Configurar los centros como comunidades democráticas y de aprendizaje caracterizadas por el diálogo permanente, la negociación continua y la participación de todos los agentes en las decisiones, sobre todo en cuanto a normas de convivencia, académicas e innovaciones para atender a la diversidad de los alumnos y responder a los retos y desafíos del contexto.
13.9. Convertir los consejos escolares en órganos de participación de toda la comunidad escolar en un plano de igualdad, así como en foros de reflexión y debate sobre los planteamientos educativos que se realicen en el centro.
13.10. Revitalizar los Consejos Escolares de Centro, estableciendo sistemas que garanticen la efectiva participación y corresponsabilidad de todos los sectores de la comunidad educativa.
13.11. Lograr una representación paritaria en los Consejos Escolares de los distintos sectores de la comunidad educativa.
13.12. Que la presidencia del Consejo Escolar no tenga que ser necesariamente desempeñada por el director del centro, sino por cualquier consejero elegido democráticamente.
13.13. Asegurar por ley la creación de los Consejos Escolares Municipales, así como establecer dentro de los consejos escolares municipales mecanismos de coordinación de los centros de titularidad pública, de manera que la política educativa municipal esté coordinada y consensuada por los agentes y sectores sociales implicados en las tareas formativas y educadoras.
13.14. Establecer, dentro de los Consejos Escolares Municipales, mecanismos de coordinación de los centros de titularidad pública, de manera que la política educativa municipal este coordinada y consensuada por los agentes y sectores sociales implicados en las tareas formativas y educadoras.
14.- UNA DIRECCIÓN PROFESIONAL PROPUESTA POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Consideramos positivo el planteamiento de que la dirección debe fundamentarse en la participación de toda la comunidad educativa, y que ésta responda al modelo de dirección colegiada y participativa. Igualmente nos parece adecuado que en la elección participen todos los sectores de la comunidad educativa. Respecto a la formación para el desempeño de la función directiva no se añade nada nuevo a lo que ya existía. También consideramos indiscutible que se evalúe la función directiva, como no puede ser de otra manera, como medida de mejorarla. Aunque todo ello es positivo, también es necesario andar un paso más y descargar al profesorado de la carga administrativa y burocrática a la que se ve sometido. Consideramos necesario dotar de personal capacitado a los centros, para hacerse cargo de las tareas administrativas. Incluso, en aquellas zonas donde los centros son pequeños, cabe la posibilidad de plantearse su territorialidad.
Estando de acuerdo con las medidas que propone el documento, CEAPA considera necesario añadir las siguientes propuestas:
14.1. Abrir un debate, con profundidad, sobre el papel de la dirección y de la gestión de los centros de titularidad pública, con el fin de dar solución a un tema de vital importancia para la estabilidad de nuestro sistema educativo
14.2. Definir las características y el perfil que debería reunir el candidato idóneo a la dirección.
14.3. Dotar de personal que gestione y administre las tareas burocráticas de los centros, potenciando así la dirección pedagógica.
14.4. Obligatoriedad de colgar en sitio visible o tablón de anuncios del centro educativo el Plan General Anual (PGA) y el Plan Curricular del Centro (PCC o PEC).
15.- AUTONOMÍA Y EVALUACIÓN
LA AUTONOMIA COMO PRINCIPIO DE CALIDAD
Estamos de acuerdo con el modelo y concepción que el documento propone, así como con las propuestas que hace sobre la autonomía del centro para desarrollar sus proyectos, en la que cada centro se plantee como desarrollará la atención a la diversidad, el proyecto de convivencia, el agrupamiento de alumnos, los criterios de horarios, siempre que previamente se pongan los medios para que los centros puedan ponerlas en práctica.
El desarrollo de este modelo de autonomía puede ser un medio para poder potenciar las señas de identidad de cada centro a través de su proyecto educativo, y una posibilidad de experimentación e innovación en función del tipo de alumnado que posea.
CEAPA considera que es necesario contemplar algunas otras medidas que completen las realizadas por el documento, a fin de conseguir una verdadera autonomía de los centros docentes:
15.1. Buscar medidas para potenciar y dar dimensión al proyecto educativo, como una herramienta imprescindible para reflejar las señas de identidad de cada centro.
15.2. Autonomía a través del proyecto educativo en la organización del currículo, para que incidiendo en las distintas áreas del conocimiento se atiendan mejor las necesidades educativas del alumnado, posibilitando la modificación de la distribución y la asignación horaria para los aprendizajes.
15.3. La autonomía del centro debe regularse de tal modo, que siempre se ejercite teniendo en cuenta el interés común de la colectividad, y no genere nunca discriminación social o problemas de índole colectivo.
16.- EVALUACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Nos parece muy acertada la propuesta sobre la evaluación de los centros, aunque creemos que sería necesario no separar la evaluación externa de la interna, en la medida que una puede ser complemento de la otra. Consideramos que en esta evaluación deben participar todos los sectores de la comunidad educativa, y que nunca se puede reducir ésta al rendimiento de los alumnos, ya que son muchos los factores que inciden en el funcionamiento de un centro: equipo directivo, claustro, consejo escolar, etc. Bajo ningún concepto se puede caer en error de utilizar los resultados para establecer un ranking competitivo entre centros, porque las características y el contexto del centro pueden ser variables determinantes.
Consideramos que, para que la evaluación cumpla como mínimo los requisitos de calidad del sistema educativo,:
16.1. Necesidad de la evaluación periódica de los centros, pero no separando la evaluación externa de la interna, en la medida que una puede ser complemento de la otra.
16.2. Participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la evaluación.
16.3. Evaluación de todos los factores que inciden en el funcionamiento de un centro: equipo directivo, claustro, consejo escolar, etc.
16.4. No utilizar los resultados de la evaluación de los centros para establecer un ranking competitivo, porque las características y el contexto del centro pueden ser variables determinantes.
16.5. Consideramos que es necesario que periódicamente se realice una evaluación del sistema educativo, a fin de detectar sus fallos y problemas, y poder establecer las medidas necesarias en cada momento.
17.- FINANCIACIÓN
Consideramos que cuando se redacte el proyecto de ley, éste deberá ir acompañado de la correspondiente Ley de Financiación necesaria para su desarrollo. Es necesario aumentar en un 30% la inversión y el gasto de los presupuestos del Estado para la enseñanza no universitaria, con el fin de alcanzar el 6 % del PIB en el gasto por alumno y año.
Pero, junto a este asunto, se debe considerar el desequilibrio que existe en los presupuestos entre unas Comunidades Autónomas y otras, lo que está generando grandes diferencias que repercuten en la calidad. Es necesario estudiar a fondo como llevar a cabo la creación de una compensación interterritorial, a fin de evitar tales desfases.
18.- APORTACIONES DE CEAPA SOBRE ASPECTOS QUE NO SE CONTEMPLAN EN EL DOCUMENTO
A.- PROPUESTAS SOBRE LA ESCUELA RURAL.
Consideramos que el documento no contempla la escuela rural de acuerdo con las funciones que está desarrollando y las necesidades que padece. Creemos que sería necesario tener en cuenta:
A.1. Desarrollar un subsistema específico y flexible en el ámbito rural (municipios de menos de 500 habitantes).
A.2. Posibilitar la realización de grupos mixtos intercursos en aquellas escuelas rurales donde se mantienen las unitarias, como medio para que el alumnado no abandone prematuramente su localidad.
B.- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Entendemos que es necesario retomar y evaluar los planes de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (concretamente en el ámbito de la discapacidad y la superdotación), generando un nuevo planteamiento que conduzca a la normalización definitiva, facilitando los recursos necesarios y la formación del profesorado.
C.-ABSENTISMO ESCOLAR.
El absentismo escolar es todavía más abundante de lo que un sistema educativo de calidad puede permitirse. Por tanto los padres y madres creemos que es necesario abordar este problema en toda su dimensión, para ello proponemos que se contemple la posibilidad de:
C.1. Tomar medidas contra el abundante absentismo escolar, mediante la tipificación en el Código Penal para padres que lo permitan y para profesores que no lo denuncien a la autoridad competente.
C.2. Creación de la figura de un subfiscal dependiente del fiscal de menores para tratar el absentismo escolar.
D.- SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.
La seguridad e higiene en los centros deja todavía mucho que desear y son muchos los padres y madres que desean que sus hijos e hijas puedan sentirse seguros en el centro educativo. Para ello proponemos las siguientes medidas:
D.1. Aplicación inmediata de la Ley de Riesgos Laborales y su posterior desarrollo en normas de inferior rango para centros escolares.
D.2. Una ley de salud escolar.
D.3. Un ATS o DUE en cada centro educativo.
D.4. Regulación mediante Real Decreto de los planes de emergencia en caso de siniestro (incendio, aviso de bomba, etc.)
D.5. Regulación mediante una comisión de profesionales (o mutuas laborales) del absentismo laboral de los profesores por baja, por depresión, o por otros conceptos clínicos psicopedagógicos.
D.6. Obligatoriedad en el seguimiento de vacunación de los alumnos inmigrantes, en beneficio de la salud de éstos.
D.7. Ampliación de las coberturas del seguro escolar a todos los alumnos escolarizados y actualización de las ayudas a los tiempos actuales.
D.8. Revisión anual sanitaria del alumnado (vista, columna vertebral, pies planos, etc.)
E.- MUNICIPALIDAD.
Consideramos que se deben tomar medidas para que, tanto los ayuntamientos, como las instituciones cercanas a los centros educativos puedan ir asumiendo una serie de competencias que permitan una mayor calidad tanto en las infraestructuras como en los servicios educativos:
E.1. Ayudar a los ayuntamientos mediante subvenciones, para potenciar los Gabinetes Psicopedagógicos Municipales para los centros educativos.
E.2. Apertura de patios de recreo para potenciar los deportes u otros menesteres para la sociedad, mediante la contratación de responsables, para que estos estén abiertos las horas precisas.
E.3. Aclaración, mediante la ley de obligatoriedad que tienen los municipios, sobre la escolarización, pues hay mucha dejadez por parte de muchos ayuntamientos.
E.4. Prohibición a menos de 200 metros de los centros educativos de bares y centros recreativos de juego.
F.- CENTROS INTEGRALES.
Contemplar la necesidad de los centros integrales, es decir, de centros que acojan al alumnado de 0 a 18 años o, al menos, que abarquen a todo el alumnado de la enseñanza obligatoria.
A MODO DE CONCLUSIÓN
CEAPA considera que los planteamientos del documento van en la dirección de lograr una mayor calidad de nuestro sistema educativo. Sin embargo, nos preocupa:
1.– Los muchos aspectos que no aparecen en el documento y que, a nuestro entender, son de suma importancia para avanzar en la calidad educativa de una educación para todos y todas.
2.-Que se pongan efectivamente en funcionamiento aquellas medidas de la nueva normativa y sean, una vez más, papel mojado, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.
3.-Que, una vez puestas en funcionamiento estas medidas, no se dé por acabado el debate educativo de aquellos otros aspectos que siguen siendo necesarios reestructurar y/o adecuar en plazo prudencial.
4.- La necesidad de realizar un refundido legislativo, a fin de acabar con la maraña legislativa que cada vez se hace más complicada.
5.- Sería conveniente desarrollar un sistema educativo que sea armónico con los sistemas educativos de los países de la Unión Europea.