Más de 3.000 policías vigilarán que no se venda droga cerca de los colegios


Interior justifica la medida en que los menores consumen más y a una edad más temprana

Más de 3.000 policías vigilarán que no se venda droga cerca de los colegios

Interior justifica la medida en que los menores consumen más y a una edad más temprana

M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA –  Madrid

EL PAÍS  –  Sociedad – 04-01-2006

Para el lucrativo mercado de la droga, los jóvenes son un filón, especialmente los de menor edad que aún acuden al colegio o instituto. El resultado es que cada vez consumen más y comienzan a hacerlo antes (la cocaína y heroína en torno a los 15 años). Para intentar combatir esta situación, el Ministerio del Interior va a poner en marcha a partir del próximo día 10 un Plan Estratégico de Respuesta Policial. Los alrededores de los centros educativos serán vigilados, en horario continuado, por 3.124 policías para impedir que los escolares ingresen en el círculo del consumo y después del trapicheo (venta al por menor) para poder seguir consumiendo. El plan estará vigente al menos durante dos años. El plan estratégico es de doble sentido. Primero, preventivo, es decir, impedir que un joven empiece a consumir. Después, combativo, luchar contra el tráfico minorista -el menudeo– en los centros educativos. Los más de 3.000 agentes de las fuerzas de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas), destinados para esta primera fase, combinarán una vigilancia "discreta", subrayó el ministro, por razones obvias de seguridad, y otra disuasoria, que incluirán agentes uniformados en el entorno escolar.

El consumo de droga no está penado por la legislación española. Pero sí su distribución y venta, por lo tanto los agentes podrán perseguir a los camellos. Si éste es mayor de 18 años será juzgado conforme al Código Penal, en la jurisdicción ordinaria. Si es menor será juzgado conforme a la ley del Menor, que no prevé prisión sino medidas de internamiento en centros de menores, en el peor de los casos. El plan está estrictamente delimitado al entorno educativo, "no en el interior de los centros escolares", precisó ayer el ministro del Interior, José Antonio Alonso, durante la presentación del plan.

 

Los horarios de los policías serán los de los escolares. Se centrarán en todas las horas con afluencia de niños y jóvenes no sólo durante el período de formación reglada, sino también en las horas de actividades extraescolares y en los recreos.

 

Para reforzar la prevención, la disuasión y, en su caso, la represión, se establecerán mecanismos de colaboración con los responsables de los centros. Esto también vale para captar información.

 

Estos días se está elaborando el Mapa de puntos de riesgo en el conjunto de España. "Los entornos de los centros escolares son los lugares donde se forman nuestros jóvenes y tenemos invertido mucho futuro", afirmó el ministro del Interior, "y eso hay que preservarlo. Tenemos que posibilitar que los escolares se formen en un entorno de convivencia seguro y saludable".

 

El motivo del lanzamiento de este plan está más que justificado. El ministro recordó que aumenta el consumo de todo tipo de drogas y disminuye la edad de su inicio, que se situó entre los 14 y 15 años. Por término medio, comienzan a esnifar cocaína a los 15 años y ocho meses, y heroína (que fundamentalmente también la esnifan, muchos menos se la inyectan) a los 15 años y cuatro meses. Empiezan a fumar antes de los 13 años, y a beber antes de los 14.

 

Según los últimos datos de la Encuesta Escolar que el Plan Nacional de Drogas del ministerio de Sanidad (sobre los que trabaja el ministerio del Interior), en 2004, el consumo de cannabis (hachís) entre los escolares españoles de entre los 14 y 18 años se ha duplicado desde 1994 (ese año lo habían fumado en 36,1%), y el de la cocaína, se ha multiplicado por cuatro (la tomaba el 6,8%, frente al 1,7% que esnifaba en 1994). Los adictos a la heroína son menos del 0,1%.

 

Para la elaboración de este plan estratégico se utilizará la información de inteligencia del Gabinete de Análisis y Prospectiva, y en cada comunidad autónoma se nombrará un responsable territorial, que bajo la supervisión del delegado del Gobierno, actuará de enlace entre los distintos cuerpos policiales. También se crearán líneas de colaboración e intercambio de datos entre las autoridades del Estado, autonómicas y locales. El plan no tiene financiación específica. Tampoco los agentes son específicos para este plan, sino que trabajarán desde los servicios en los que actualmente están destinados.

 

Este plan contra el tráfico y consumo de drogas en los alrededores de los centros -que se evaluará cada tres meses- se completará con otro que se puso en marcha el pasado día 2 de enero para el mismo fin pero en las zonas de ocio y diversión. Básicamente trabajan ambos con el mismo esquema.

 

El ministro del Interior dijo que antes de navidad se reunió con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) y con la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que "acogieron de buen tono la propuesta", destacó.

 

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Iniciativas de Bush y Blair
 

Los planes de George W. Bush y Tony Blair son básicamente represores. El primer ministro del Reino Unido anunció en 2004 que las escuelas británicas podrían realizar análisis de saliva a los alumnos sospechosos de consumir drogas. El joven descubierto puede sufrir represalias, dependiendo de lo que decida el jefe de estudios: desde ser excluido de actividades escolares; forzado a seguir un tratamiento de rehabilitación; expulsado o denunciado ante la policía.
Esta medida se inspiró en un plan similar aplicado en EE UU. Ese mismo año, Bush propuso ampliarlo (adoptado antes por una quinta parte de los centros de secundaria), a pesar de que un estudio financiado por su Gobierno concluyó que su eficacia es dudosa. La propuesta se amparó en una decisión del Supremo que los declaró constitucionales siempre que se realicen a alumnos que participan en actividades extraescolares, y no en la población escolar general. A la medida se opusieron varias asociaciones de padres, docentes y activistas de derechos civiles, que entablaron más de una docena de demandas alegando que los análisis invaden la privacidad.
En España la sola posibilidad de poder realizar una prueba a los alumnos se dio de bruces contra todos los sectores implicados.